La Corporación Andina de Fomento (CAF) mostró su preocupación luego de que se dieran a conocer las propuestas de los distintos consorcios para la construcción de la obra del acueducto Río Colorado – Bahía Blanca, a partir de los análisis preliminares de las ofertas de las firmas, algunas de ellas vinculadas al procesamiento y embargos del capítulo argentino del Lava Jato.
La inquietud de la CAF, organismo multilateral que financiará la obra, es que esas empresas procesadas o embargadas no podrían llegar a cumplir con «los ratios de liquidez» exigidos, que miden la capacidad de convertir activos en liquidez a corto plazo.
El acueducto del Río Colorado-Bahía Blanca es una obra estratégica para la provincia de Buenos Aires, ya que solucionaría un problema histórico de la ciudad de Bahía Blanca y la región en cuanto a la calidad y cantidad de agua para consumo de la población.
La situación es apremiante ya que la actual toma de agua que se encuentra en el Dique Paso de las Piedras, cuyo volumen es crítico y la calidad de su agua es baja. La obra además aportaría agua tratada para los distintos pueblos que se encuentran al margen del acueducto desde Río Colorado hasta Bahía Blanca.
[su_note note_color=»#e3e3e3″]Hace unas semanas se supo que el Gobierno bonaerense comenzó a analizar las ofertas de los 12 consorcios interesados en construir el acueducto, presupuestado en $5.627 millones. Las obras comenzarían entre octubre y noviembre próximos, y tienen un plazo de 36 meses.[/su_note]
Entre las ofertas figuran las de CEOSA Construcciones Electromecánicas del Oeste con $3.368 millones, seguida por Supercemento – Rovella Carranza–Evolution/Colombia $4.129 millones; la china CSCEC – Martínez de la Fuente $ 4.471 millones; Decavial – Esuco $4.478 millones; Sacde SA – JCR SA $4.591 millones; Queiroz Galvao – Centro Construcciones $4.646 millones; China Gezhouba – Panedile $5.055 millones; Cartellone – Gel Pasarelli – Brasil $5.076 millones; la española Acciona Agua – Riva $5.584 millones; C&E – Fontana Nicastro-Tecma-Proba $5.614 millones; MG UT $5.998 millones; Techint – Roggio $6.573 millones.
Para el Gobierno provincial esta obra tiene una importancia central, ya que es la única con financiamiento garantizado por un organismo multilateral y no depende del presupuesto nacional o provincial donde el horizonte de recortes tras el acuerdo con el FMI, puso en duda distintas obras proyectadas en las Provincias.
El proceso de licitación del acueducto, estuvo a cargo del ministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante. «Hubo ofertas muy por debajo del presupuesto como resultado de la estrategia de política de abrir la competitividad fuertemente», sostuvo el director provincial de Agua y Cloacas, Martín Heinrich.
[su_note note_color=»#e3e3e3″]Conocidas las ofertas, la Corporación Andina de Fomento comenzó a observar en detalle la licitación, donde hay oferentes que se encuentran involucrados en los procesos judiciales del esquema de lavado de dinero que se investiga en la Justicia de Brasil, reveló una fuente a esa entidad internacional. [/su_note]
En el marco de las causas vinculadas al capítulo argentino, entre las empresas procesadas por el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal número 7, a cargo de Sebastián Casanello, se encuentran Supercemento, Esuco y Cartellone, entre otras.
Una de las condiciones exigidas a las empresas oferentes en los pliegos, establece ciertos «ratios de liquidez» y que, a partir de los embargos judiciales, estarían en riesgo para poder cumplir. Un antecedente cercano con la CAF ocurrió con unos de los tramos de la obra el «Paseo del Bajo», donde el Gobierno porteño se vio obligado a rescindirle el contrato a Isolux Corsan para evitar mayores demoras e incumplimientos, mientras se resolvía su situación judicial en España, donde se encontraba en pleno proceso de quiebra después verse involucrada en pago de dádivas vinculadas a licitaciones de obras públicas en México.
A partir de estos casos es que la CAF incrementó su nivel de exigencia en lo que hace a sus reglamentos y normas de compliance.
