Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) -que agrupa al sector-, estima que en la medida que se avance en la discusión de temas se van a entender mejor los límites que tendrán los cambios a la carta magna.
El ejecutivo consideró que dado el impacto de la pandemia en el mercado del cobre, no se requerirán iniciativas adicionales a las que se construyen en un plazo de 2-3 años, lo que coincide en los tiempos y da un alivio a los inversionistas para esperar la evolución de la situación en el país.
“Difícilmente un proyecto de una magnitud muy grande se va a empezar a ejecutar en estos próximos dos años hasta que no haya claridad en la nueva Constitución”, comentó.
El “apruebo” a avanzar en la redacción de una nueva carta fundamental obtuvo cerca del 80% de los votos en un referendo a finales de octubre, con lo que se abre un proceso de más de un año para elegir constituyentes y elaborar el nuevo texto. Durante ese lapso, las empresas aprovecharán de continuar con estudios y tramitar los eventuales permisos que requerirán sus proyectos, agregó Hernández.
Sin embargo, el veterano ejecutivo -que desempeñó altos cargos en empresas como Collahuasi, BHP, Codelco y Antofagasta Minerals-, consideró que buena parte de los ajustes de una nueva carta magna están limitados por tratados internacionales firmados por el país.
El sector minero considera clave que se mantengan en la nueva Constitución puntos referentes a garantizar la propiedad minera y sus derechos, que fue la clave para el desarrollo de una exitosa industria en el país.
Y, aunque reconoce que hay modificaciones por demandas justificadas que pueden recogerse en el nuevo marco, subraya que la industria minera ha mostrado ser resiliente y necesaria para generar ingresos para la nación.
“Chile no se puede permitir el lujo de prescindir de la minería y se puede hacer minería respetando el medio ambiente y todas esas exigencias”, comentó sobre eventuales mayores requerimientos para desarrollar la actividad.
