El Gobierno Nacional anunciará un plan de facilidades de pago de deudas impositivas y previsional para las grandes empresas que no entraron en la reciente moratoria dispuesta para pymes, monotributistas y cooperativas, confirmó la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.
“Vamos a sacar la semana que viene, o a fines de esta semana un plan de facilidades para las grandes empresas, las que quedaron fuera de la moratoria” cuya inscripción comenzó este lunes, sostuvo la funcionaria en declaraciones formuladas a la radio FM Con Vos.
“Esto supone un esfuerzo muy grande”, pero junto a medidas como la devolución de $700 mensuales en compras de alimentos para jubilados que cobran la mínima y beneficiarios de la asignación universal por hijo, el criterio, dijo, “no es de prudencia fiscal ni de ajuste, sino de asignar recursos fiscales priorizando determinadas urgencias en el marco de la emergencia social y productiva”.
[su_note note_color=”#e3e3e3″]Marcó del Pont describió la difícil situación actual: “Venimos de una caída de la recaudación y escasez de financiamiento, y a dos meses de ir transitando este desfiladero tan estrecho que ha dejado el gobierno anterior hay que ir planteando las prioridades”.[/su_note]
“Era medio trucho el déficit fiscal de 0,9% (del PIB) que mostraba el Gobierno, porque eso se hizo a costa de no gastar un mango en medicamentos ni en obras públicas, o en cosas que financiaron a la oferta, quizás al sector empresario, pero no beneficiaron a los ingresos de la población”, explicó la titular de AFIP.
No obstante, sintetizó, “despacito y por las piedras estamos desandando muchos años de neoliberalismo, de liberalización y de timba financiera, que dejó muchas trampas”.
Agregó que “una diferencia muy grande con las políticas neoliberales es el rol anticíclico que ha reasumido la política monetaria, con la baja fuerte de las tasas de interés, la reaparición del crédito, volver a usar las atribuciones del Banco Central para fijar tasas para plazos fijos, orientar el canal del crédito, todo eso cuando hay que desacelerar fuertemente la inflación”.
“Una de las fuentes de aceleración inflacionaria, que era la devaluación, está controlada porque se frenó la fuga (de capitales) con el control de cambios y por la autonomía del BCRA para hacer política monetaria y financiera”, consideró la funcionaria.
Advirtió, sin embargo, que “el mundo no tracciona a favor, el viento es más de frente que de atrás”, por lo cual “es decisivo el proceso de renegociación de deuda: cuando se despeje ese horizonte va a haber más alivio en situaciones de incertidumbre para distintos sectores a la hora de decidir si invierten o no”.
Marcó del Pont confió en el impacto favorable de las medidas incluidas en la ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, y justificó la decisión de devolver $ 700 a consumos de los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y a titulares de la AUH.
El reintegro, explicó, lo hará desde marzo el banco en las 24 horas hábiles siguientes al consumo y después la AFIP lo compensará contra un cupo que asigna el Presupuesto nacional.
“Es decir, no se afecta a las provincias, como ocurrió con la eliminación del IVA durante el gobierno anterior, ya que no se suprimen impuestos coparticipables, esto va a cargo del Tesoro”, subrayó Marcó del Pont.
Aquella medida sobre el IVA, dijo, deparó “un enorme costo fiscal pero no mejoró los precios, su impacto fue un suspiro y menos aun tuvo carácter redistributivo, porque fue rápidamente consumido por el proceso inflacionario del año pasado”.
La devolución “es una transferencia de ingresos de hasta $ 5.000 millones por mes y supone un aumento de 4,5% para los jubilados y 22% para los titulares de la asignación universal, si utilizan de modo pleno el beneficio”.
Pero “lo más importante es este trabajo que hacemos con PAMI, con Anses y los bancos para impulsar el uso de la tarjeta de débito, para aumentar la capacidad de consumo de los hogares de menores ingresos”, concluyó Marcó del Pont.
