El proyecto enviado al Congreso por el Ministerio de Desregulación y Transformación, a cargo de Federico Sturzenegger, contempla setenta derogaciones o modificaciones de viejas normativas que benefician a algunos sectores mientras perjudican a otros.
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce el economista Federico Sturzenegger, confirmó que el Gobierno envió al Congreso el proyecto de “Ley Hojarasca”, que deroga “normativas obsoletas que representan un obstáculo a las libertades y afectan el derecho a la propiedad”, según anunció.
Se trata de una iniciativa que busca eliminar setenta leyes que fueron sancionadas por distintas administraciones durante el siglo XX, desde la gestión de José Félix Uriburu hasta el de Cristina Fernández de Kirchner, y muchas de ellas fueron promulgadas durante los gobiernos militares.
Acorde al proyecto, la ley promueve la “seguridad jurídica y remueve obstáculos para el desarrollo personal y conjunto del país”, partiendo del principio de que “todo aquello que está permitido por la Constitución Nacional no necesita leyes específicas”. También plantea la eliminación de leyes que “generaron gastos innecesarios para los contribuyentes a través de la creación de organismos”, como la Federación Argentina de Municipios.
Con la llamada Ley Hojarasca, cuyo nombre oficial es Ley de Derogación de Legislación Obsoleta, el Gobierno busca “quitarle a la ciudadanía barreras que afectaron libertades individuales” por las diversas sobrerregulaciones.
“La ley entiende que las personas pueden llevar adelante toda actividad permitida por la Constitución Nacional sin necesidad de sancionar leyes específicas que luego pueden convertirse en un obstáculo” que genere un impacto negativo en la “seguridad jurídica y el funcionamiento del sector privado”, afirmaron desde el área que conduce Sturzenegger.
¿Cómo puede afectar la Ley Hojarasca al sector industrial?
Se puede observar, como ejemplo, lo que sucederá tras la derogación de la Ley 16.789, que obliga al Estado a adquirir vehículos de fabricación nacional. En los considerandos del proyecto, Sturzenegger justificó que el Estado debe priorizar el uso de los fondos públicos y que esa obligación “impone trabas para la eficiencia en el uso de los recursos nacionales y, por ende, perjudica a los ciudadanos”.
Otro caso puntual es la Ley 25.750 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales. La administración libertaria busca derogarla porque limita la inversión que capitales extranjeros en industrias culturales como los medios de comunicación. Las empresas de origen internacional tienen permitido participar de hasta el 30 % del capital accionario, siendo el mismo porcentaje para el derecho a voto. De aprobarse, se eliminaría el tope.
“Esta norma es de dudosa constitucionalidad e implica una restricción a la inversión extranjera”, afirma en los fundamentos el proyecto, para agregar que “en un proceso de integración al mundo y donde se busca fomentar la inversión extranjera a los fines de promover el empleo, dicha norma debe ser derogada”.
Una de las principales industrias que Sturzenegger puso en la mira con algunas de las desregulaciones es la carbonífera, que es mencionada en dos derogaciones. “Hoy, lejos de ser de interés nacional, lo que se busca es descarbonizar la economía”, mencionan, ejemplificando que proyectos pasados de la empresa pública Yacimiento Carbonífero Río Turbio van “en contra de todas las tendencias mundiales”.
La firma estatal quedó entre las empresas de la Ley Bases sujetas a privatización aunque, en su caso, el gobierno de Santa Cruz presionó para avanzar en un esquema mixto. De hecho, el representante nombrado por el Gobierno terminó eyectado de la firma con una denuncia de corrupción.
La primera ley a derogar respecto a esta industria es una que otorga un premio en metálico a quien descubra una mina de carbón, instaurado en la época de la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. La segunda declara de interés nacional, entre otros, a la prospección, exploración, el desarrollo minero y la explotación de carbón minera que realizara YCRT.
A través de la Ley Hojarasca, el Gobierno también busca derogar el Fondo para el Desarrollo de la Producción de Papel Prensa y de Celulosa, creado en la dictadura de Juan Carlos Onganía, que dio lugar a la creación de Papel Prensa, hoy en día una Sociedad Anónima en la que el Estado Nacional tiene el 28,1 % del capital accionario. La compañía tiene además en su cartera de inversores a AGEA S.A. (Clarín) y S.A. La Nación con 36,7 % y 22,5 % del share accionario.
El oficialismo justifica que este fondo sirvió para que los regímenes autoritarios controlen la producción de papel de diarios y controlaran a la prensa escrita a través de la influencia que tenían con ese insumo. “Ahora el papel de diario no es un insumo esencial y, dado que el objetivo de la ley es coartar la libertad de expresión, este fondo debe ser desarticulado”, afirman.
Para “dejar en claro” a “capitales extranjeros” que pueden invertir en el país también se quiere derogar la Ley 20.876, que declara de interés nacional a la producción de miel y que en su artículo 2° prohíbe la entrada de inversiones internacionales, aunque en los hechos quedó sin aplicación por otras modificaciones administrativas.
Las medidas desregulatorias que promueve la Casa Rosada abarcan otras industrias más. Se quiere dejar atrás la ley N° 14.800 que obliga, a quien demuela una propiedad con salas de teatro, construir un teatro con características similares. También se planea lo mismo con la Ley 21.056, que fuerza a las compañías de medios de transporte de mediana y larga distancia a exhibir fotos y afiches para promover el turismo nacional e internacional.
A la hora de reducir costos para el sector privado, Sturzenegger incluyó la derogación de la Ley 19.363, que elimina los sorteos que hace el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) entre los compradores de boletos de cine y que se financia con un impuesto a la industria y que incrementa marginalmente el precio de las entradas. La misma intención está en la eliminación de la Ley de Carta (N° 22.963) que obliga a tener una autorización del Instituto Geográfico Nacional si se quiere usar un mapa nacional (o un gráfico del mismo) en algún producto comercial.
Hay varias de las derogaciones que impactan en entidades del Estado. Una es el Fondo Naval Fomento Actividades Náuticas, al que se le acusa de ineficiente y de falto de transparencia, el premio “Prevención de las Adicciones”, el Premio Nacional a la Calidad, la Comisión Nacional de Cunicultura, el Programa Nacional para la Vinculación de la Comunidad Argentina y el Consejo Federal de la Juventud.
Por último, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado incluyó a dos leyes que no serán derogadas sino modificadas. Estas crean organismos integrantes del Sector Público y que son financiados con fondos públicos nacionales: el Círculo de Legisladores de la Nación (N° 20.984) y la Federación Argentina de Municipios (N° 24.807). En ambos casos se busca que el financiamiento no provenga de las arcas del Estado, en caso de que quieran seguir activos.
