Desde mañana las exportaciones de crudo pesado no pagarán retenciones en tanto el precio se ubique por debajo de los 65 dólares, modificando la escala actual.
El Gobierno Nacional oficializó ayer un nuevo régimen de incentivos fiscales destinado específicamente a la producción de petróleo convencional, con el objetivo de revitalizar la actividad en los yacimientos maduros que hoy enfrentan un escenario de agotamiento natural y costos crecientes frente al boom de Vaca Muerta. La medida había sido anunciada en noviembre del año pasado lleva a cero las retenciones si el barril cae por debajo de los 65 dólares.
Mediante el Decreto 59/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, se establece un nuevo esquema de derechos de exportación más flexible para el crudo convencional.
El cambio principal reside en cómo se calcula el impuesto que pagan las empresas por exportar. Hasta hoy, el Estado empezaba a cobrar retenciones cuando el barril de petróleo superaba los 45 dólares. Con el nuevo esquema, ese “piso” subió a 65, con un corrimiento del 20%.
Esto significa que, mientras el valor del Brent se mantenga en niveles actuales, las operadoras podrán vender afuera sin dejar una parte del ingreso en la Aduana. Se cumple así un reclamo que venían realizando en los últimos años las provincias y las operadoras para dotar de cometitividad a las áreas convencionales.
Impulsar los yacimientos maduros
En los considerandos de la medida, el Ejecutivo reconoce la “situación compleja” que atraviesa la producción convencional debido al “natural grado de agotamiento de los yacimientos” y el incremento de los costos operativos.
La medida llega tras una serie de acuerdos firmados entre el Ministerio de Economía, la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) y las provincias petroleras tradicionales —Chubut, Neuquén y Santa Cruz—, que venían reclamando herramientas para sostener el empleo y la inversión en sus cuencas, las cuales han ido perdiendo protagonismo frente al no convencional.
“Los esfuerzos provinciales y empresariales requieren de un acompañamiento del Estado Nacional mediante la adecuación de los instrumentos fiscales vigentes, de modo tal de propender a mejorar la competitividad del sector”, señala el texto oficial.
La Secretaría de Energía será la encargada de definir en los próximos 60 días las normas complementarias para aplicar este beneficio. Un punto clave será la fiscalización: para calcular el impuesto, se tomará en cuenta la proporción exacta de crudo convencional que produce cada área de concesión, separándolo de la producción no convencional si la hubiera.
La medida entrará en vigencia operativa una vez que se dicten estas normas técnicas o se cumpla el plazo de dos meses estipulado en el decreto.
