El Gobierno dio un nuevo paso en su plan de reorganización de empresas públicas al autorizar el llamado a un concurso público nacional e internacional para vender las acciones que el Estado posee en Transener, la principal compañía de transporte de energía eléctrica de la Argentina. Según estimaciones oficiales, la operación podría generar ingresos cercanos a los 200 millones de dólares.
La decisión fue formalizada mediante la resolución 2090/2025, publicada en el Boletín Oficial, y declara sujeta a privatización la participación accionaria que la empresa estatal Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) mantiene en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (Citelec), sociedad que controla a Transener.
El procedimiento de venta se realizará a través de una licitación abierta con alcance nacional e internacional, en el marco de lo establecido por la Ley 23.696 y la Ley 27.742. El esquema prevé una enajenación progresiva de las acciones, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio público y de las obras que actualmente tiene a cargo la empresa.
El proceso será completamente digital y se gestionará mediante la plataforma CONTRAT.AR, donde los interesados podrán acceder al pliego único de bases y condiciones, así como a sus anexos. Las consultas al pliego estarán habilitadas hasta el 13 de marzo de 2026, mientras que la presentación de ofertas podrá realizarse hasta el 23 de marzo de ese mismo año, fecha en la que también se llevará a cabo el acto de apertura.
La importancia del control público del transporte energético
Actualmente, el Estado posee de manera indirecta el 26,32% de Transener a través de ENARSA, que a su vez es titular del 50 por ciento de Citelec. El resto del paquete accionario se reparte entre Pampa Energía, la Administración Nacional de la Seguridad Social y acciones que cotizan en el mercado bursátil local.
Transener cumple un rol estratégico dentro del sistema eléctrico argentino, ya que administra cerca de 12.400 kilómetros de líneas de transmisión de alta tensión en todo el país, además de otros 6.228 kilómetros correspondientes a redes operadas por empresas controladas. A través de Citelec, también tiene participación en operaciones de transporte eléctrico en Brasil y en la provincia de Buenos Aires.
La privatización de la transportadora se enmarca en una estrategia más amplia del Ministerio de Economía orientada a obtener divisas y reducir la participación estatal en el sector energético. En los últimos meses, el Gobierno concretó la venta de activos vinculados a la generación hidroeléctrica, lo que permitió reforzar las reservas internacionales del Banco Central en un contexto de fuertes compromisos financieros.
El proceso contará con la intervención de distintos organismos de control y áreas técnicas del Estado, entre ellos la Secretaría de Energía, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y la Sindicatura General de la Nación. Además, una comisión evaluadora ad hoc tendrá a su cargo el análisis de las ofertas, con el objetivo de asegurar transparencia y cumplimiento normativo en todas las etapas de la licitación.
