El financiamiento a las pequeñas y medianas empresas en el mercado de capitales aumentó durante la pandemia a través del uso de instrumentos como la factura de crédito, los pagarés y los cheques, los tres en formato digital, destacó un informe realizado por Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA) y la Caja de Valores.
La factura de crédito electrónica (FCE) es un instrumento que se emite sobre la plataforma de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y su finalidad es desarrollar un mecanismo que mejore las condiciones de financiación de las micro, pequeñas y medianas empresas.
A través de su negociación en la plataforma o en el mercado de capitales, estas empresas acceden al cobro anticipado de los créditos y de los documentos por cobrar emitidos a sus clientes o deudores.
La FCE comenzó a circular en junio del año pasado, y en diciembre de 2019 alcanzó las 830 emisiones, según datos del informe de ByMA y Caja de Valores.
Este año, como consecuencia de la pandemia, se aceleró su utilización y al 30 de noviembre se registraron 3.826, de las cuales 3.507 se emitieron por $ 3.858,773 millones; 317 por U$S 8,858 millones y dos por EUR 9.837.
Comparando el segundo semestre de este año, aunque sin diciembre, con el mismo de 2019, que fue el primero en estar activa la FCE, se emitieron 1.301 contra 830, lo que significa un crecimiento de 56,74%, que será mayor cuando se contabilicen las emisiones del último mes del año.
Del total de FCE emitidas hasta ahora, 3.186 ya se pagaron; 342 están pendientes de pago y 298 aún están vigentes.
El pagaré bursátil electrónico es emitido por el librador de forma digital con firma electrónica, en la plataforma Epyme, de Caja de Valores, sin designación del beneficiario, y sin costos operativos asociados.
Al 30 de marzo de este año, la cantidad de pagarés digitales alcanzaba a 46, cifra que saltó a 1.491 en el último registro, del 30 de noviembre pasado.
Entre marzo y noviembre, la cantidad de echeqs librados trepó de 92 a 62.416, por $ 58.300 millones; de los cuales el 42% correspondió al sector agropecuario; el 36% al de servicios y el 22% a la industria.
