El Poder Ejecutivo Nacional presentó el proyecto de ley Súper RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias), diseñado para atraer capitales de gran escala a sectores productivos que actualmente no existen en el país o están en fase experimental, lo que lo diferencia del Régimen actual, que apunta principalmente a sectores tradicionales como la minería, el agro o la industria pesada.
A diferencia del RIGI de la Ley 27.742, este régimen se orienta exclusivamente a industrias de vanguardia como la inteligencia artificial, biotecnología avanzada y semiconductores, según el proyecto que ingresó al Congreso, en el cual se establece una inversión mínima de 1.000 millones de dólares por proyecto, con la obligación de ejecutar al menos el 20% en los primeros dos años.
Los interesados deben constituir un Vehículo de Proyecto Único (VPU) con objeto exclusivo y activos afectados únicamente a la actividad promovida.
Un punto crítico es que el acceso a los beneficios nacionales queda supeditado a la adhesión expresa de provincias y municipios, quienes deben comprometerse a no aplicar nuevos gravámenes locales.
El núcleo del beneficio radica en una carga fiscal reducida y competitiva:
- Ganancias: Alícuota fija del 15% y régimen de amortización acelerada.
- Dividendos: Tributarán al 7%, reduciéndose al 3,5% tras cuatro años de adhesión.
- IVA: Se introducen Certificados de Crédito Fiscal transferibles para cancelar el impuesto facturado por proveedores en las inversiones.
- Aduana: Exención total de derechos de importación para bienes de capital y de derechos de exportación para los productos del proyecto.
- El régimen permite la libre disponibilidad progresiva de divisas por exportaciones: 20% al primer año, 40% al segundo y 100% al tercer año.
- No habrá obligación de liquidar divisas por aportes de capital o financiamientos externos.
En materia de seguridad social, se fija una alícuota única del 10% para contribuciones patronales de nuevas relaciones laborales.
El Súper RIGI ofrece estabilidad normativa por 30 años en todos sus incentivos, blindándolos contra futuras leyes más gravosas. Además, garantiza el acceso al arbitraje internacional (CIADI, CCI o CPA) para resolver disputas con el Estado Nacional, reconociendo estos derechos como inversiones protegidas por tratados internacionales.
Finalmente, el plazo de adhesión es de cinco años, con opción a uno de prórroga.
