Tras extensos debates y sufrir modificaciones, finalmente la ley de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei obtuvo media sanción, al recibir la aprobación de la Cámara de Senadores. El proyecto apunta a modificar aspectos sustanciales del mercado de trabajo, y las pymes al ser las mayores generadores de empleo del país, se ven directamente afectadas.
Uno de los aspectos que más afecta a las pequeñas empresas son los costos indemnizatorios que el Fondo de Incentivo Laboral (FAL) intenta dar previsibilidad como asimismo otros artículos que limitan, por ejemplo, los honorarios de los abogados laboralistas.
Si bien participaron en comisiones a través de cámaras y movimientos, las pymes no fueron oídas en esta materia. “Muchas de las propuestas específicas para aliviar el costo de las cargas sociales no fueron incluidas en la media sanción aprobada esta madrugada”, aseguró Elisabet Piacentini, contadora que formó parte de los equipos de debate que representaron a las pequeñas y medianas empresas ante los legisladores.
De todas maneras, a su juicio ve “cambios positivos y relevantes que impactan en la litigiosidad, en los costos judiciales y en la organización interna de las empresas”. Estos son algunos de ellos:
Menos litigiosidad y menores costos judiciales
Uno de los ejes centrales de la reforma es reducir la conflictividad laboral y los costos de los juicios.
Entre los puntos más relevantes:
- Propinas en gastronomía y hotelería: pasan a ser expresamente no remunerativas. No integran el sueldo, algo que antes muchos jueces incluían.
- Tope a honorarios de abogados en juicios laborales: 25%.
- Peritos médicos: cobrarán por su tarea profesional, pero ya no un porcentaje sobre el monto del juicio (lo que incentivaba incapacidades sobrevaluadas).
- Si el trabajador pierde por una demanda sobreestimada, su abogado podrá ser condenado solidariamente en costas.
- Se eliminan presunciones automáticas de relación laboral cuando existen contratos de servicios debidamente facturados y bancarizados.
- Se elimina la multa por entrega tardía del certificado de trabajo (que implicaba hasta 3 sueldos y era prácticamente imposible cumplir en 48 horas).
- Actualización de sentencias: IPC más 3% anual, criterio más claro.
- Las PyMEs podrán pagar sentencias en hasta 12 cuotas (las grandes empresas en 6).
- Se establecen reglas de caducidad cuando los expedientes no avanzan.
Esto otorga previsibilidad y reduce incentivos a litigios innecesarios.
Jornada reducida y organización del trabajo
- Desaparece la obligación de pagar jornada completa cuando se trabajaban más de 2/3 del horario.
- Se permiten horas extras en jornada reducida (antes estaban prohibidas).
- Se legaliza el fraccionamiento de vacaciones, algo que ya se hacía en la práctica.
- Se aclara qué ocurre si el trabajador se enferma durante vacaciones.
- Se pacta con el empleado la mejor manera para ambos de horarios y jornadas en la semana
Derogación de leyes obsoletas
Se eliminan normas que generaban costos adicionales y estaban desactualizadas, entre otras:
- Ley del viajante de comercio (1958).
- Ley de teletrabajo 27.555 (dictada en pandemia, con altos costos y rigideces).
- Estatuto del peluquero.
- Estatuto de choferes particulares (1946).
Esto simplifica y moderniza el marco normativo.
Beneficios sociales sin cargas
Las empresas podrán otorgar beneficios sociales sin que se consideren salario ni generen cargas sociales:
- Comedor.
- Viáticos.
- Celular.
- Gastos médicos.
- Guarderías y sala maternal.
- Útiles escolares.
- Capacitación.
Además:
- Se podrá pagar el sueldo en dólares.
- No se paga preaviso durante el período de prueba.
- Simplificación en altas de empleados (inscripción solo en ARCA).
- Certificados médicos por licencias de enfermedad de los empleados: deberán cumplir requisitos formales digitales, reduciendo abusos y fraudes.
Blanqueo laboral y nuevos incentivos
Se crea el PER (Promoción del Empleo Registrado):
- 70% de condonación de cargas sociales.
- Sin intereses.
- Hasta 72 cuotas.
También se establece un régimen de incentivo para nuevos empleos con reducción de cargas por cuatro años. Sin embargo, solo se otorga un año para incorporar personal con ese beneficio, plazo que consideramos corto para que las PyMEs puedan planificar.
Plataformas digitales
Se aclara que los servicios de reparto por plataformas tecnológicas no configuran relación laboral tradicional, sino vínculo independiente con derechos y obligaciones propias.
Medidas tributarias incluidas
También se incorporaron disposiciones fiscales relevantes:
- Rebaja de IVA a la energía eléctrica de riego.
- Actualización de quebrantos desde 2025.
- Exención de Impuesto a las Ganancias para alquileres de vivienda.
- Derogación de impuestos internos sobre seguros, telefonía, joyas, autos, barcos y naves.
Sin avances
Las diferentes organizaciones pymes solicitaron una serie de puntos que “lamentablemente no se lograron”, explica Piacentini. Entre estos puntos se encuentran:
- Reducción real del costo de cargas sociales (solo se mantuvo una baja general del 3%).
- Pago de sueldos mediante billeteras virtuales.
- Ampliación del RIMI con inversión mínima más baja (pedimos 50.000 dólares en vez de 150.000).
- Inclusión de comercio, servicios y profesionales en incentivos (quedaron fuera).
- Fondo de Incentivo Laboral FAL con menor carga para pymes (se mantiene 2,5% para pymes y 1% para grandes).
- Extensión de la exención de alquileres a monotributistas.
“La reforma tiene avances concretos en reducción de litigiosidad, modernización normativa y previsibilidad jurídica”, explicó Elizabet Piacentini, “pero -agregó- no logró aún el objetivo estructural que venimos reclamando hace años: bajar de manera significativa el costo laboral para las pymes, que son quienes generan más del 70% del empleo privado en Argentina”.
