Las centrales hidroeléctricas que se privatizarán son las de Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Aguila, entre Neuquén y Río Negro. La concesión deberá concretarse en los próximos seis meses.
El gobierno de Javier Milei pone en venta venta cuatro centrales hidroeléctricas clave en la generación y distribución de energía en todo el país. Así lo anunció a través de un decreto en el que fijó el plazo de 180 días para la privatización para esos complejos ubicados en la región del Comahue, entre Neuquén y Río Negro.
Las centrales afectadas por la decisión publicada esta mañana en el Boletín Oficial son Alicurá, el Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Así lo estableció mediante el decreto 718/204 publicado hoy en el Boletín Oficial.
El artículo 6 indica que “dentro de los ciento ochenta (180) días corridos siguientes a la entrada en vigencia del presente la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía llamará a Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante” de las empresas indicadas.
En la actualidad, los complejos hidroeléctricos están en manos de las siguientes empresas: Orazul Energy administra Cerro Colorados; Enel Generación hace lo mismo con El Chocón-Arroyito; AES SA explota la central de Alicurá, y Central Puerto SA concesiona Piedra del Águila.
El proceso de concesión durante los últimos años estuvo a cargo de Energía Argentina S.A. (Enarsa) como Nucleoelétrica Argentina S.A. (NASA) y en esta oportunidad volverán a estarlo. La diferencia es que esta vez esas dos compañías estatales entraron en el paquete de la Ley Bases como empresas a privatizar.
Asimismo, se facultó a la Secretaría de Energía a fijar las pautas del Concurso Público Nacional e Internacional que deberá incluir el esquema de remuneración de los concesionarios durante el Período de Concesión y, como mínimo, el contrato de concesión, el perímetro y la descripción, el inventario, la seguridad de presas, embalses y obras auxiliares, las normas de manejo de aguas, las guardias permanentes, la protección del ambiente, los seguros y las obras y trabajos obligatorios.
En caso que el proceso de privatización quede desierto las acciones volverán al Estado nacional. El artículo 1° del decreto también estableció que los actuales concesionarios de estas hidroeléctricas seguirán operándolas hasta que se complete el proceso de privatización.
