El Senado de la provincia de Buenos Aires, en una sesión especial, convirtió en ley el proyecto del “RIGI bonaerense” que el gobernador provincial, Axel Kicillof, envío a la Cámara. Este proyecto, que busca fomentar el desarrollo productivo y las inversiones en territorio bonaerense, se pudo convertir en ley gracias al quorum otorgado por tres legisladores libertarios; entre ellos, Carlos Kikuchi, uno de los principales impulsores de la carrera de Javier Milei, y su armador político principal durante la campaña presidencial.
El Régimen de Fomento para Inversiones Estratégicas en la Provincia de Buenos Aires fue enviado a la Legislatura el 11 de septiembre y se sancionó el 25 de ese mes, con el voto de los legisladores de Unión por la Patria. Durante el debate en Diputados, la iniciativa recibió el rechazo de la bancada del PRO, el PRO-Libertad, La Libertad Avanza (LLA) y la izquierda, en tanto que la UCR-GEN, la Coalición Cívica, la UCR + Cambio Federal y Unión Renovación y Fe se abstuvieron de votar.
Mientras, en el Senado, el oficialismo pudo convertirlo en ley gracias a los votos de los 21 legisladores peronistas y tres ex libertarios, Carlos Kikuchi, Sergio Vargas y Silvana Ventura. El PRO y LLA oficial votaron en contra y se abstuvieron el bloque de la UCR más el grupo que responde a Emilio Monzó.
Diferencias con el RIGI nacional
Al igual que el proyecto incluido en la Ley Bases por el Ejecutivo Nacional al cual Buenos Aires no adhirió, la propuesta busca acompañar a quienes “invierten para generar valor agregado y empleo de calidad, apunta a generar proveedores locales, a incluir tecnologías, a diversificar la matriz productiva, a aumentar y sustituir importaciones, y a generar equidad”.
Sin embargo, desde el gobierno bonaerenese indicaron que tiene varias diferencias y le permite a la Provincia mayor libertad para decidir qué proyectos recibirán la luz verde para llevarse a cabo en su territorio.
Los proyectos elegibles serán aquellos de radicación de plantas o inversiones nuevas, ampliación de planta o de instalaciones existentes, habrá exenciones fiscales parciales sobre los impuestos de Ingresos Brutos, Inmobiliario y Sellos y se les brindará estabilidad fiscal de hasta treinta años a quienes adhieran al régimen.
También se afirmó que los proyectos se segmentarán en tres grupos, de acuerdo al monto de la inversión (hasta 50 millones de dólares, mayores a 50 millones y menos de 200 millones). Y se señaló que habrá beneficios adicionales en base al cumplimiento de determinadas condiciones como el incremento de los puestos de trabajo, la localización en zonas de ingresos bajos y parques industriales, las políticas de género, la innovación tecnológica, la sostenibilidad ambiental, la sustitución de importaciones y el incremento de las exportaciones.
