El Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso el megaproyecto legislativo con el que buscará realizar una reforma gigantesca del Estado y las regulaciones, sobre todo económicas, reduciendo la participación en muchos sectores.
Una de las particularidades que se debatirán en sesiones extraordinarias del Congreso es la de la Ley de Biocombustibles, la N° 27.640, que intentará ser reemplazada por una mucho más resumida. Al respecto, se manifestaron el Centro Azucarero Argentino (CAA) y la Cámara de Bioetanol de Maíz (CBM), que expresaron su desacuerdo con cambiar las reglas del juego para el mercado de los biocombustibles.
Ambas entidades señalaron que las modificaciones en ocho artículos de la ley 27.640 provocarían un “colapso” en las pymes que se dedican a la producción de biodiesel en el país. Una de esas modificaciones es eliminar la regulación del Estado en el precio de compra de materia prima de origen vegetal (maíz, soja, y caña) para hacer el corte con los combustibles fósiles. Esto quiere decir que las petroleras podrán negociar los valores de compra directamente con los elaboradores sin intermediación del Estado.
La ley vigente hasta ahora asegura que la adquisición de las cantidades de biodiésel para el cumplimiento de la mezcla obligatoria con gasoil y/o diésel oil, y de los volúmenes de bioetanol “deberá ser llevada a cabo por las empresas encargadas de las mezclas a los precios que establezca la autoridad de aplicación, de acuerdo a las metodologías de cálculo que esta determine para cada uno de los productos en cuestión”.
Hace poco menos de un mes, luego del resultado electoral que ubicó a Javier Milei como presidente electo, el Gobierno había aumentado el precio de compra de la materia prima para cortar obligatoriamente con los fósiles.
En el caso del biodiésel, que en la Argentina se elabora en base a aceite soja, el precio mínimo destinado a la mezcla obligatoria con gasoil para el próximo mes de diciembre fue determinado en 686.986 pesos/tonelada, un valor equivalente a 587,8 pesos/litro. En lo que respeta al bioetanol, en el caso del biocombustible elaborado en base a caña de azúcar el valor para el mes de diciembre fue fijado en 348,5 pesos/litro, mientras que el fabricado con maíz le corresponde un precio mínimo de 361,1 pesos/litro.
En cuanto a los cortes obligatorios, la nueva ley no prevé cambios frente a lo que se esperaba, dado que se mantienen —al menos hasta ahora— las mezclas mínimas obligatorias: “Serán del 7.5 % en gasoil o diésel oil, y del 12 % en nafta, conforme la normativa de calidad de combustibles vigente o la que en el futuro la reemplace”, dice el proyecto del oficialismo.
Lo que sí tendrá un cambio significativo en caso de aprobarse este proyecto de ley es la libertad que se les da a las empresas de estar de los dos lados del mostrador. El párrafo que establece que las empresas que produzcan y/o destilen hidrocarburos no podrán ser titulares o tener participación en empresas y/o plantas productoras de biocombustibles, desaparece en la nueva ley a debatir.
En ese mismo artículo, el 5°, la ley nueva diría que quienes elaboren, almacenen y/o comercialicen biocombustibles deberán registrarse y habilitarse en el registro que se creará junto con la ley, a diferencia del actual que regula: “Solo podrán elaborar, almacenar y/o comercializar biocombustibles, o llevar a cabo la mezcla de estos con combustibles fósiles en cualquier proporción, las empresas que se encuentren debidamente habilitadas a tales efectos por la autoridad de aplicación, caso contrario la actividad será considerada clandestina”.
Un golpe para las provincias
El 12 % del corte actual se nutre de un 50 % de alcohol de maíz y el resto es derivado de la actividad azucarera. Mientras el primer porcentaje se produce en Córdoba, Santa Fe y San Luis; Tucumán, Jujuy y Salta proveen la otra mitad. Para el caso de estas provincias norteñas, de los ingresos brutos del sector durante el 2022 y por todo concepto, entre azúcar y alcohol, este último representó el 29 %.
“Se provocaría un escenario de quebranto”, señalaron las cámaras. Existen veinte plantas elaboradoras de bioetanol de caña de azúcar y de maíz, que son el resultado de más de 1.000 millones de dólares de inversión en el marco de las normas que existen y estimularon el uso de bioetanol para generar menos contaminación ambiental. Al dejarse de estipular por ley la cantidad permitida de cada materia prima para la producción de bioetanol. Esto provocaría un escenario donde las economías regionales no podrían seguir compitiendo.
