Suspende la movilidad jubilatoria y enumera las empresas sujetas a privatización. El proyecto contiene 351 páginas y una cantidad significativa de medidas, entre las que se incluye pasar facultades del Poder Legislativo por alto para delegarlas en su figura.
El presidente Javier Milei envió al Congreso de la Nación la «Ley Ómnibus» que se denomina “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”. Fue entregado por el ministro del Interior, Guillermo Francos, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El megaproyecto contiene 664 artículos, repartidos en más de 350 páginas.
Los ejes centrales del proyecto de ley son los siguientes:
- DNU: ratifica el Decreto de desregulación económica firmado por el Presidente la semana pasada.
- Privatización de empresas públicas: Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y AySA, son algunas de las 41 empresas públicas que el Poder Ejecutivo planea que pasen a manos de privados.
- Retenciones: el megaproyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Congreso de la Nación fijó en 15 % la tasa de retención para la mayoría de las exportaciones, exceptuando a algunas economías regionales y al sector sojero, que pagará una alícuota del 33 %.
- Jubilaciones: se suspende la fórmula de actualización previsional y se otorga al Ejecutivo la facultad de fijar los montos.
- Derecho a huelga: exige un permiso para reuniones públicas y penas de prisión para quienes protesten cortando calles o rutas.
- Elecciones: elimina las PASO y propone circunscripciones uninominales para las provincias. Actualiza la cantidad de diputados y senadores por provincia.
- Blanqueo: propone un blanqueo de capitales donde se podrá realizar sin costo para los primeros cien dólares y habrá un alícuota sobre el excedente, según cual fuera la fecha de exteriorización.
- Hidrocarburos: establece el libre comercio internacional de hidrocarburos y prohíbe la intervención o la fijación de precios de comercialización en el mercado interno en cualquiera de las etapas de producción.
- Ley de Fuegos: queda invalidada. Si en treinta días la Administración no responde un pedido de quema controlada de territorios, se otorga una autorización tácita para poder ejecutarlos.
- Fondo de Garantías del Anses: el dinero que pertenece a la caja jubilatoria quedaría en manos del Poder Ejecutivo.
