Un proyecto de ley propone que las multas pasen de $400 a $440.000 para las empresas y de $200 a $220.000 para las personas, por cada día de incumplimiento.
En su búsqueda de obtener los dólares que los argentinos tienen bajo el colchón, el Gobierno impulsa un proyecto de ley que, en la letra chica, esconde un esquema de sanciones que, de aprobarse sin cambios, implicaría un salto de más del 110.000% en las multas automáticas que aplica ARCA. El impacto no sería parejo para las pymes que aparecen como las principales damnificadas.
Hoy, una empresa que se atrasa un día en la presentación de una declaración jurada enfrenta una multa simbólica, completamente licuada por la inflación. El proyecto eleva ese monto de $400 a $440.000 para personas jurídicas y de $200 a $220.000 para personas humanas. El contraste es tan brutal que incluso especialistas cercanos al oficialismo admiten que el esquema, tal como está redactado, resulta desproporcionado y potencialmente regresivo.
La preocupación de las pymes
La alarma no solo fue encendida por los números finales, sino del carácter automático de la sanción. No se trata de un castigo por evasión deliberada ni por maniobras complejas, sino por un incumplimiento formal, que es presentar tarde un formulario. El proyecto no contempla escalas ni criterios de proporcionalidad. Una microempresa recibe el mismo castigo que una gran compañía, aun cuando su capacidad económica sea incomparable.
El argumento oficial es que las multas estaban desactualizadas y que era necesario llevarlas a valores reales. Este punto parece ser algo en lo que hay consenso, pero el conflicto aparece cuando la actualización se hace en bloque, sin discriminar por tamaño de contribuyente ni por gravedad de la falta. Para muchos tributaristas, el problema no es el aumento en sí, sino la ausencia de un sistema que contemple la capacidad contributiva.
Incluso, el esquema propuesto por ARCA carece del criterio necesario para diferenciar entre errores formales y conductas de evasión orquestadas. Es decir, una pyme que se atrasa por un problema administrativo recibe una multa similar a la de una empresa que decide incumplir de manera sistemática.
Un Estado que necesita captar dólares
En el universo pyme, $440.000 no es un monto menor. Para muchas firmas equivale a sueldos, insumos o pagos importantes para seguir operando. El mismo Gobierno que busca blanquear dólares y ampliar la base tributaria, corre el riesgo de desalentar a quienes intentan cumplir. Se promete un Estado más amigable, pero se instala un régimen sancionatorio que no distingue entre el que evade y el que se equivoca.
Puertas adentro del Congreso, varios legisladores señalan que la actualización de las multas no es un detalle menor, sino una obsesión del equipo económico. Durante debates anteriores, el Ministerio de Economía ya había presionado para incluir este punto en otros proyectos. La lógica es reforzar la caja por la vía de sanciones, mientras se alivian impuestos a sectores concentrados.
