Luego de lo anunciado en la cadena nacional, comienzan a conocerse las repercusiones por parte de la cámaras empresarias
En cadena nacional, el presidente de la Nación, Javier Milei, dio a conocer ayer 30 medidas incluida en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación del Estado. El anuncio fue seguido de cacerolazos y manifestaciones de diversos sectores, a favor y en contra. Algunas de las voces que se pronunciaron fueron la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) e Industriales Pymes Argentinos (IPA).
La CAC expresó: “Coincidimos con lo planteado esta noche por el Presidente Javier Milei respecto a los perjuicios de un Estado omnipresente —que asfixia al sector privado y de este modo condena a nuestro país al atraso— y a la necesidad de desregular muchos aspectos de nuestra economía”.
“En la CAC reiteradamente denunciamos las muy negativas consecuencias que tiene un sector público sobredimensionado. Un excesivo gasto publico deriva en una presión tributaria desmesurada —que mina la competitividad de las empresas y bloquea la generación de empleo genuino— y en un déficit fiscal crónico que lleva a la emisión monetaria y a la inflación sin control, con los nefastos efectos que esto tiene”, siguió el comunicado.
“Pero la excesiva presencia del Estado en Argentina no se evidencia solo en los niveles de gasto, sino también en las múltiples injerencias que éste tiene en la vida de individuos y empresas: regulaciones por doquier, trabas de diversa índole, regímenes informativos innecesarios, controles inconducentes y un largo etcétera, nos impiden desarrollarnos y nos condenan a la postración”, agregó y celebró anuncios tales como la derogación de las leyes de alquileres, de abastecimiento y de góndolas, como así también la supresión del observatorio de precios y la modernización laboral.
En tanto, el presidente de IPA, Daniel Rosato, declaró que el DNU generó “preocupación” entre las pymes, por el efecto que provocará en el empleo, debido a que “afectan de manera negativa al sistema productivo”. Y lamentó que antes de lo decidido no haya habido un “diálogo con los máximos empleadores de la Argentina”, como son las pymes.
“Existe preocupación, entendiendo la necesidad de aplicar una reforma para combatir a la inflación, pero no de esta manera, ya que el anuncio realizado por el presidente Milei afecta directamente al sistema productivo pyme industrial, que inevitablemente va haber genera más desempleo y cierre de fábricas”, apuntó.
La IPA le sugerirá al Gobierno nacional que “corrija las medidas” y que se evalúe “un paquete de emergencia que surja del consenso con todo el sector privado y no solamente con el puñado de entidades que representan a los intereses de las grandes empresas”. Y advirtió que, sin ese paliativo, “se puede caer en una situación compleja, de cierre de pymes y puestos de trabajo”. “Falta más diálogo e información. Y definiciones concretas para la industria, para que no se frene la producción y se sostenga el empleo. La falta de previsibilidad es muy fuerte y generará más problemas”, concluyó.
Las medidas del Gobierno nacional
El DNU, de 83 páginas, modifica más de 300 normas, deroga la ley de alquileres y habilita la privatización de empresas, entre otras medidas. A continuación, las medidas anunciadas.
- Derogación de la Ley de Alquileres: para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y que alquilar no sea una odisea.
- Derogación de la Ley de Abastecimiento para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos.
- Derogación de la Ley de Góndolas para que el Estado deje de meterse en las decisiones de los comerciantes argentinos.
- Derogación de la Ley del Compre Nacional que solo beneficia a determinados actores del poder.
- Derogación del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía para evitar la persecución de las empresas.
- Derogación de la Ley de Promoción Industrial.
- Derogación de la Ley de Promoción Comercial.
- Derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas.
- Derogación del régimen de sociedades del Estado.
- Transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización.
- Modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino.
- Reforma del Código Aduanero para facilitar el comercio internacional.
- Derogación de la Ley de Tierras para promover las inversiones.
- Modificación de la Ley de Manejo del Fuego.
- Derogación de las obligaciones que los ingenios azucareros tienen en materia de producción azucarera.
- Liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola.
- Derogación del sistema nacional del comercio minero y del Banco de Información Minera.
- Autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas.
- Implementación de la política de cielos abiertos.
- Modificación del Código Civil y Comercial para reforzar el principio de libertad contractual entre las partes.
- Modificación del Código Civil y Comercial para garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la moneda pactada.
- Modificación al marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales.
- Eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga
- Incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales.
- Establecimiento de la receta electrónica para agilizar el servicio y minimizar costos.
- Modificaciones al régimen de empresas farmacéuticas para fomentar la competencia y reducir costos.
- Modificación de la Ley de Sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas si así lo quisieran.
- Desregulación de los servicios de internet satelital.
- Desregulación del sector turístico eliminando el monopolio de las agencias de turismo.
- Incorporación de herramientas digitales para trámites de los registros automotores.
