Aseguran que, por un lado, se perderán 50.000 fuentes de trabajo y, por el otro, no representará un freno significativo a la inflación.
La semana pasada el Gobierno anunció la reducción de aranceles a las importaciones de ropa, calzado y telas con el objetivo de bajar la inflación y aumentar la competencia. Sin embargo, especialistas y referentes de la industria advierten que el impacto negativo sobre el empleo podría ser más significativo que los efectos positivos.
Según afirmó el Ministro de Economía, Luis Caputo, los impuestos a la ropa y el calzado bajarán del 35 % al 20 %, mientras que para telas la contracción será desde el 26 % al 18 %. Asimismo, para los hilados se pasará del actual arancel del 18 %, a unos nuevos del 12 %, 14 % y 16 %, de acuerdo con el tipo de producto.
La Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) emitió un comunicado en el que manifiesta su “profunda preocupación ante el anuncio del Gobierno Nacional sobre la reducción de aranceles para la importación de indumentaria y calzado”.
Al respecto, alertaron que “sin una estrategia integral que contemple la mejora de la competitividad sistémica de la industria local, esta medida puede comprometer seriamente el empleo, la producción y el desarrollo de la cadena de valor textil en Argentina”.
Según la entidad, este recorte implicaría una merma de apenas 0,2 puntos porcentuales en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En paralelo, la destrucción directa de fuentes laborales alcanzaría a 47.500 trabajadores.
El sector textil en la Argentina
El sector textil emplea directamente a más de 540.000 personas y es uno de los motores que impulsan el desarrollo de economías regionales. Es el principal empleador en La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero y entre los principales en la CABA, Buenos Aires y Tucumán.
La industria textil argentina viene atravesando un complejo panorama por las caídas de las ventas que derivaron en una menor actividad en las fábricas e incluso produjeron cierres de plantas y comercios, generando una importante merma en los puestos de trabajo.
En este sentido, desde FITA indicaron que “actualmente, la industria opera con una muy baja utilización de la capacidad instalada y en el último año se ha perdido una importante cantidad de puestos de trabajo: uno de cada tres empleos perdidos en el último año corresponde al textil”.
Al compartir su mirada, expusieron que “nos preocupa que la rebaja arancelaria se aplique sin haber avanzado en reformas necesarias para reducir la presión fiscal, mejorar el acceso al financiamiento y optimizar la infraestructura logística”, remarcando que “ante una presión fiscal sobre el sector formal cercana al 50 % la competencia se torna casi imposible”.
En la misma línea, agregaron que “la experiencia internacional ha demostrado que una apertura comercial sin planificación puede debilitar la industria local en lugar de fortalecerla”, e indicaron que “priorizar la rebaja de aranceles antes de aliviar los costos internos, genera un escenario de competencia desigual que pone en riesgo el tejido productivo nacional”.
Sobre este aspecto, aclararon que “no pedimos beneficios sectoriales sino trabajar en conjunto para mejorar la competitividad de nuestra industria”, considerando que “para ello es necesario igualar las condiciones frente a productos importados producidos en contextos con menos impuestos, leyes laborales modernas y acceso al crédito para la producción”.
Esta misma inquietud fue esbozada días atrás por la Unión Industrial Argentina (UIA), al señalar que “es preocupante que la agenda de integración comercial no esté acompañada de una agenda de competitividad dentro del país”, subrayando que vienen proponiendo hace meses transitar “un camino en pos de nivelar la cancha frente a las desigualdades generadas por el llamado costo argentino”.
Al mismo tiempo, desde la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) calificaron la decisión del Gobierno como “un industricidio”, sosteniendo que puede provocar “la destrucción de miles de puestos de trabajo y el quiebre de cientos de industrias”.
Además, consideraron que la medida “favorece la competencia desleal de productos importados, que ingresan a nuestro país a precios irrisorios debido al dólar barato y a los costos laborales e impositivos que enfrentan en los países asiáticos donde se fabrican”.
En este contexto, desde FITA manifestaron que “solicitamos al Gobierno a reconsiderar esta medida y nos ponemos a disposición para trabajar juntos en un plan de desarrollo que garantice condiciones de equidad y sustentabilidad para la industria nacional y los trabajadores del sector”.
