Entre las principales bodegas, un sector apoya el desmantelamiento de la Coviar, mientras que otro la considera una herramienta necesaria.
El sector vitivinícola argentino quedó envuelto en una polémica después que el diputado del PRO Damián Arabia presentara un proyecto de ley para derogar la Ley 25.849 que creó la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) en 2004.
Este ente público privado gestiona y coordina el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI), que se financia con aportes obligatorios que deben realizar las bodegas.
La iniciativa para su derogación argumenta que genera costos innecesarios para el sector privado y que no cumple con los objetivos para los que fue creado.
En un comunicado difundido este lunes, Bodegas de Argentina denunció que entre 2004 y 2020 la Coviar administró un presupuesto total de 230 millones de dólares con falta de “transparencia”.
«Esta es una estrategia que se armó durante la crisis de Argentina entre 2001 y 2002, donde el sector vitivinícola no estuvo al margen, obviamente. Por eso, el sector privado decidió juntarse y con aportes propios trató de generar un plan estratégico. Se hizo con aportes propios porque se pretendía darle autarquía y no estar dependiendo de un gobierno de turno que definiera la estrategia a aplicar», respondió Mario González, presidente de Coviar.
«Ejecutar un plan estratégico de largo plazo significa todo un desafío porque constantemente las reglas de juego cambian. Ahora apostamos a que este período sea el de reglas claras, que empiecen a quedar estables, que podamos tener visión de largo plazo. Sólo pedimos reglas claras para que el sector pueda producir, no necesita mucho más que eso», agregó González.
