La Ley N° 3.288, de Gestión Integral de Plaguicidas fue sancionada en 2020, pero todavía no se aplica.
La Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa (AAGLP), en consonancia con todas las asociaciones rurales de la provincia, propone dejar de avanzar en la reglamentación de la Ley de Fitosanitarios y plantear una nueva que la reemplace.
La Ley N° 3.288, de Gestión Integral de Plaguicidas fue sancionada en 2020, pero todavía no se aplica porque aún no se ha reglamentado. Los productores rechazan esta normativa y piden no solo que no se aplique, sino que sea directamente derogada y se cree una nueva ley.
El comunicado de la AAGLP
En línea con esta posición, la AAGLP se hizo eco del comunicado de la Zona 8, donde se unen todas las asociaciones agrícolas de la región. En él dice que: “transcurrido el tiempo y entendiendo que realizados los aportes correspondientes por parte de los diferentes sectores involucrados en las actividades productivas del sector agropecuario, vemos con preocupación que todavía se insiste en la redacción de la reglamentación de la Ley de fitosanitarios aprobada por el poder legislativo provincial y cuestionada oportunamente».
«Una vez más nos vemos en la obligación de reiterar que la misma debería ser derogada, porque su implementación llevaría a perdidas muy importante desde el punto de vista productivo y económico para las actividades de los productores agropecuarios de la provincia y a su vez la recaudación de impuestos y tasas vigentes de La Pampa, por dejar muchas hectáreas de alto impacto productivos sin poder ser utilizadas», continúa.
«Es interés del sector seguir en el derrotero de utilizar todas aquellas prácticas que se refieren a la protección del medio ambiente y la población en general, de la cual también somos parte, pero con leyes que sean aplicables con los criterios lógicos de controles por parte del estado que tengan asidero en una visión amplia de lo que ocurre en el mundo y el respaldo científico y empírico que debe llevar una ley como esta», sigue el documento.
Y por último, afirma que «como se hizo y se propuso en diferentes reuniones y en todas las veces que el sector fue convocado para elaborar una ley acorde, volvemos a proponer trabajar en una nueva que se ajuste a los tiempos que vivimos”.
Las entidades del sector agrario han dejado en claro en reiteradas ocasiones que la Ley de Fitosanitarios trae consigo graves perjuicios para la producción agropecuaria pampeana por sus defectos de origen. No es común que todas las entidades que representan al sector se unan de esta manera para manifestar su descontento. Sin embargo, están de acuerdo cuando plantean los tres motivos por los que están en desacuerdo con la normativa:
Primero, que en su redacción no se tuvo en cuenta el largo y fecundo trabajo realizado en el seno de la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (Coprosave) para la actualización de la Ley N° 1.173 en el que participaron referentes de entidades públicas y privadas. Segundo, que durante su tratamiento legislativo se soslayaron todos los aportes realizados por organismos técnicos y de entidades representativas del sector agropecuario, los que incluyeron serios y fundados argumentos acerca de sus nocivas consecuencias. Y por último, la falta de aporte técnico en su redacción y tratamiento hace que al día de hoy la Ley N° 3.288 ya esté desactualizada y contenga serios vacíos ante los avances tecnológicos.
Además, en oportunidades anteriores remarcaron otros problemas como incrementar hasta lo imposible la carga burocrática innecesariamente, atentar contra el derecho a la propiedad privada que está amparado por las Constituciones Nacional y Provincial, criminalizar la actividad agropecuaria e impactar fuertemente en los productores agropecuarios pampeanos, muy especialmente en los de menor infraestructura administrativa.
