Con 30 millones de pesos de capital inicial, nace una nueva sociedad estatal que manejará energía, carbón, trenes y puertos. Qué implica esta transformación clave.
El gobierno nacional oficializó la creación de Carboeléctrica Río Turbio S.A., la nueva empresa estatal que absorberá al Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT) y a los servicios ferroportuarios de Punta Loyola y Río Gallegos.
La medida quedó plasmada en la Resolución N° 1.181/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo. Allí se fija un capital inicial de 30 millones de pesos para la constitución de la sociedad.
La compañía tendrá bajo su órbita la explotación del complejo minero, ferroviario, portuario y energético de la cuenca carbonífera. El artículo 1° instruye a la Secretaría de Energía y a la Secretaría de Minería a integrar el capital, designar autoridades y suscribir el acta constitutiva.
El Estado nacional será el accionista único: el 95 % de las acciones quedará en manos de la Secretaría de Energía, y el 5 % restante, bajo la órbita de la Secretaría de Minería.
La decisión se enmarca en el Decreto N° 70/2023, que prorrogó la emergencia pública en distintas áreas hasta fines de 2025. En ese contexto, la Casa Rosada busca reorganizar el control del sector energético y minero.
En febrero de este año, el Gobierno ya había dispuesto la transformación de YCRT en una sociedad anónima. Ahora, con la constitución de Carboeléctrica Río Turbio, se formaliza la concentración de activos estratégicos en una sola compañía.
La nueva estructura habilita la incorporación de capitales privados en la administración, lo que marca un cambio respecto del esquema de gestión previo del yacimiento carbonífero.
El complejo de Río Turbio cuenta con relevancia histórica para la provincia de Santa Cruz. La decisión de centralizar su administración en una sociedad anónima abre un debate sobre el futuro del carbón en la matriz energética nacional.
La medida también alcanza a los servicios ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos, esenciales para el transporte del mineral y su conexión con el Atlántico.
Con esta resolución, el Gobierno busca dar un marco normativo más flexible a la operación de YCRT, tras años de cuestionamientos sobre su sostenibilidad económica.
