Un informe realizado entre varios organismos, entre ellos la Cepal, asegura que el sector público debe asumir un rol central en la transición energética.
Fortalecer el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe requiere aumentar tanto la inversión pública como la privada para impulsar la transición a energías limpias. Así lo asegura un informe elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y otros tres organismos multilaterales.
«El sector público tiene un papel crucial que desempeñar, en particular invirtiendo en infraestructura pública estratégica y movilizando la inversión privada», señala el documento, elaborado también por el banco regional de desarrollo (CAF), la Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Con el título «Perspectivas Económicas de América Latina 2023: Invirtiendo para un desarrollo sostenible», el extenso informe insta a los países a aumentar el nivel y la calidad de la inversión para acelerar la transición a una economía verde y digital y a un futuro «más sostenible e inclusivo».
El texto afirma que la región tiene uno de los niveles más bajos de inversión total del mundo, con solo un 20 % del Producto Interno Bruto (PIB) debido, entre otras cosas, debido a «a los bajos niveles de ahorro nacional». En 2019, por ejemplo, el 78 % de la inversión regional total llegó de manos privadas, concentrada en las grandes empresas.
«El sector público también puede movilizar la inversión privada, por ejemplo, actualizando los marcos regulatorios de inversión e implementando asociaciones público-privadas (APP) bien reguladas bajo marcos institucionales sólidos», expone. Los cuatro organismos multilaterales destacan el gran potencial para un desarrollo «más robusto y sostenible» de una región que cuenta con «activos únicos», como muestra el hecho de que cada vez haya más inversión extranjera.
Estancamiento
Entre esos activos figuran una gran riqueza en recursos naturales, biodiversidad y energías verdes, una población joven y economías con muchas oportunidades, en sectores como la agroindustria, el turismo sostenible, las energías renovables y las manufacturas vinculadas a la salud.
Pese a ello, la región se ha estancado socioeconómicamente, con una pobreza del 29 %, una extrema pobreza del 11,2 % y crecientes desigualdades.
Según el texto, la inversión pública en infraestructura se encuentra en «niveles bajos» desde 2008 (un 1,6 % del PIB en 2021) y entre los principales sectores que la necesitarían figuran el de energías limpias, transporte sostenible, telecomunicaciones y agua.
El informe asegura además que la transición verde es una gran oportunidad para combatir los altísimos niveles de informalidad laboral en la región, que hace que los trabajadores tengan salarios «más bajos» y carezcan de acceso «a las redes de protección social».
Un dato dice mucho de la situación: en promedio, el 42,8 % de la población de la región vivía en un hogar que dependía solo del empleo informal, recuerda el informe. En ese sentido hace una defensa de la inversión extranjera, más inclinada hacia la economía verde y en general en donde se ofrecen mejores salarios, incluso para los trabajadores no cualificados.
Por ello, los organismos multilaterales recuerdan que la inversión extranjera directa en energías renovables en la región crea «más empleos que la destinada a los combustibles fósiles. Esto significa que son necesarias políticas activas de mercado laboral para aprovechar el potencial de formalización del empleo asociado a la transición verde».
