Desde no dejar que el Estado se “entrometa” hasta amparar los derechos de los comerciantes y consumidores, se escuchan las más diversas opiniones sobre la eliminación de leyes que afectan a la comercialización de productos.
Entre las medidas anunciadas recientemente por el presidente de la Nación, Javier Milei, la derogación de algunas leyes en particular podría afectar los beneficios adquiridos por los consumidores, pero también por las pequeñas y medianas empresas, en los últimos años. Nos referimos a la Ley de Góndolas, la Ley de Compre Argentino, la Ley de Promoción Industrial y la Ley de Promoción Comercial.
Según anunció en el discurso, se derogará la Ley de Góndolas “para que el Estado deje de entrometerse en las decisiones de los comerciantes argentinos”, la Ley del Compre Argentino “que solo beneficia a determinados actores del poder”, la Ley de Promoción Industrial y la Ley de Promoción Comercial.
También dejará de existir el Observatorio de Precios del Ministerio de Economía “para evitar la persecución de las empresas”. Este organismo fue creado en 2022 por el secretario de Comercio de la gestión de Alberto Fernández, Matías Tombolini, para «monitorear, relevar y sistematizar los precios y la disponibilidad de los productos en los comercios” en busca de acciones que puedan distorsionar el mercado en el proceso de la formación de precios.
Las críticas no tardaron en llegar. Los detractores de las nuevas medidas dijeron que, especialmente las dos primeras, son herramientas fundamentales para impulsar el desarrollo industrial y dar espacio a las pymes en los supermercados. La Ley de Abastecimiento, en tanto, frenaría maniobras que perturben o distorsionen el normal abastecimiento de bienes esenciales, como ocurrió con el alcohol en gel y los barbijos durante la pandemia. ¿Qué establecen estas leyes?
Ley de Góndolas
Es una ley que impulsada por la ex diputada Elisa Carrió y sancionada a principios del año 2020. Regula la exhibición de productos en góndolas en los supermercados minoristas y mayoristas de 800 metros cuadrados o más y en todas sus tiendas virtuales. Dentro de cada categoría de producto debe haber al menos cinco proveedores diferentes y ninguno puede ocupar más del 30 % de la góndola.
La ley obliga a los supermercados a señalizar en góndolas físicas y virtuales los productos fabricados por pequeñas empresas y los productos con el menor precio en categorías de consumo habitual. Los productos de menor precio deben estar en el sector medio de la góndola y figurar primeros dentro de su categoría en las tiendas virtuales. Asimismo, los productos de una marca no pueden ocupar más del 30 % de la góndola y de un determinado producto debe haber como mínimo cinco proveedores diferentes.
Eliminarla podría afectar la oferta de productos regionales o artesanales en las grandes cadenas, beneficiando a los monopolios. De la misma manera, a los productos de las micro, pequeñas y medianas empresas, sectores de la agricultura familiar, campesina e indígena, cooperativas y asociaciones mutuales.
Ley de Compre Argentino
La Ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores, sancionada en el 2018, “permite canalizar el poder de compra del Estado para mejorar la capacidad productiva nacional y promover el desarrollo de proveedores locales”, según indica el Ministerio de Industria y Desarrollo Productivo.
“Otorga a los proveedores nacionales prioridad en las compras públicas y promueve procesos de transferencia tecnológica a favor de las empresas locales, brindando la posibilidad de insertarlos en cadenas globales de valor y favoreciendo su acceso a mercados internacionales”, define.
Para que los bienes sean de origen nacional, deben cumplir con dos condiciones: ser producidos en Argentina; y si su contenido importado, de tenerlo, no debe superar el 40 % del precio final del bien.
Ley de Promoción Industrial y Ley de Promoción Comercial
La Ley de Promoción Industrial tiene como objetivo principal fomentar el desarrollo de la industria nacional a través de incentivos fiscales y financieros, como la reducción de impuestos, créditos fiscales, subsidios, entre otros, dependiendo del tipo de industria y la región donde se desarrolle la actividad industrial.
Esta ley buscaba promover la inversión en sectores estratégicos para el país, así como generar empleo y mejorar la competitividad de las empresas argentinas en el mercado global.
En tanto, la Ley de Promoción Comercial eestablece los procedimientos de exhibición del precio de venta y del precio de unidad de medida de los productos ofrecidos por los comerciantes. Es una herramienta indispensable para comparar el precio de productos similares, especialmente en contexto de inflación.
Ley de Abastecimiento
Fue sancionada el 20 de junio de 1974, y modificada en 2014 cuando se creó el Observatorio de Precios. Se aplica sólo en actividades relacionadas con las necesidades básicas que impactan de modo general en la población.
Según esta Ley, el Poder Ejecutivo puede fijar márgenes de utilidad y precios de referencias máximos y mínimos, dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción y disponer la continuidad de la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios y en la fabricación de determinados productos.
El Estado puede, en caso de que lo considere necesario, sancionar a las empresas por acaparar mercadería o remarcar precios, por ejemplo. Según el nuevo gobierno «es una herramienta autoritaria».
“Se trata, en el mejor de los casos, de una norma confiscatoria en blanco liberada al poder político para que haga y deshaga según su antojo, conveniencia y moralidad. Ello incluso en su versión más “benévola” que eliminó la cárcel para los infractores”, opinó el abogado Luis D. Barry, de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen.
“Pero eso no es todo, su aplicación ha sido gravemente negativa, tanto por los manejos políticos que conllevaba como por su absoluta y palmaria inutilidad práctica. Cuestiones todas que hoy quedarían felizmente superadas con su actual derogación”, concluyó.
