Nación avanzó en la venta del 100 % del paquete accionario de los complejos de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
La pelea licitatoria por las usinas hidroeléctricas de El Chocón, Alicurá, Cerros Colorados y Piedra del Águila quedó planteada entre nueve grupos oferentes integrados por empresas locales y extranjeras.
La lista de los competidores que participarán en la primera privatización del área energética de la administración de Javier Milei incluye a tres de los actuales concesionarios de centrales que están en juego y a otros seis jugadores del sector que buscan ampliar sus negocios en generación hidroeléctrica.
Privatización: las 9 empresas que quieren manejar centrales hidroeléctricas del Comahue
Las empresas que buscan continuar al frente de las usinas, que están operando desde mediados de los 90, son:
- ENEL: Es el principal accionista de la concesionaria del El Chocón y dueño mayoritario de la sociedad controlante de Edesur. En Argentina, el grupo italiano también es accionista de las transportistas eléctricas CTM, TESA y Yacylec.
- AES: Este grupo estadounidense controla la central de Alicurá y tiene, además, el manejo y operación de las siguientes usinas: Cabra Corral, El Tunal, Termoandes, Ullum, Sarmiento, Paraná, San Nicolás y los parques eólicos Vientos Bonaerenses y Vientos Neuquinos.
- Central Puerto: Opera la usina de Piedra del Águila y tiene como accionistas a los empresarios Carlos Miguens, Guillermo Reca, a los hermanos Ruete Aguirre y a la familia Escasany.
A su vez, la nómina de las otras empresas del sector que apuestan por desembarcar en alguna de las cuatro hidroeléctricas del Comahue está compuesta por:
- Edison Energía: el grupo inversor local que encabezan los hermanos Juan y Patricio Neuss, quienes tienen una estrecha relación con el principal asesor presidencial, Santiago Caputo. El hólding (que también tiene como accionistas a los empresarios Rubén Cherñajovsky, Luis Galli, Guillermo Stanley, Federico Salvai y Carlos Giovanelli) adquirió en marzo de este año las distribuidoras eléctricas de Tucumán y Jujuy; la transportista Litsa y el complejo hidroeléctrico mendocino de Potrerillos.
- Pampa Energía: la empresa energética integrada más importante de país, conducida por Marcelo Mindlin que en el sector eléctrico se especializa en los negocios de generación y transmisión.
- Aluar: la única productora local de aluminio primario y una de las más importantes de Sudamérica que pertenece al grupo Madanes Quintanilla. Es la actual operadora de la central hidroeléctrica de Futaleufú, de la transportista eléctrica Transpa y de un parque eólico en Puerto Madryn.
- Central Costanera: pertenece al grupo Central Puerto desde febrero de 2023 cuando se la compró a ENEL. Es una de las principales generadoras térmicas del país que cuenta con 1.789 MW de capacidad instalada, equivalente al 4% de la potencia total del sistema eléctrico nacional.
- BML Inversora: es un grupo inversor local creado a mediados de este año para participar en la licitación, cuyos principales accionistas y directivos con José María Bazán, Javier Minorini y Nicolás Bruzone.
- IPS Renewal: se trata de otra sociedad inversora armada en los últimos meses para ofertar por las usinas que tiene como accionistas a los guatemaltecos Iker Echevería Lucchese, Catarina Pinula y Francisco Quiñonez Midence y como principales directivos a los locales Juan Manuel Quintana y María Laura Barbosa.
Qué requisitos exige el Gobierno a firmas locales y extranjeras
Los pliegos de bases y condiciones establecieron que las empresas y grupos interesados en el negocio tienen que ser propietarios de activos por una suma superior a 300 millones de dólares y contar con un patrimonio no inferior a 150 millones de dólares.
Para la licitación de las nuevas concesiones se armaron cuatro sociedades anónimas que corresponden a cada una de las usinas en juego, con el fin de poder facilitar la transferencia directa de las acciones y los contratos de operación por un plazo de 30 años a los nuevos operadores.
En la licitación solo han podido ofertar compañías e inversores privados debido a que se prohibió expresamente la participación de entes y compañías estatales que sean de ámbito local o de otros países. Tampoco se incluyó la implementación de un programa de propiedad participada (PPP) para que los trabajadores de cada usina puedan acceder a una porción minoritaria de acciones.
Las nuevas concesionarias deberán hacer las inversiones necesarias para mantener en funcionamiento las centrales durante las tres décadas que durarán las concesiones. Antes de que se cumplan los dos primeros años de operación, tendrán que presentar un plan integral de obras y recambio de equipos que luego ejecutarán a lo largo de la concesión para que las hidroeléctricas estiren su vida útil por otros 30 años más a partir de 2055.
Durante los dos primeros años, deberán destinar el 95% de la energía generada a las distribuidoras eléctricas, a un precio fijo en dólares; mientras que el 5% restante lo podrán vender de manera directa a los grandes usuarios o al mercado mayorista. A partir de tercer año, el porcentaje de venta regulada se reducirá de manera progresiva hasta quedar eliminado en 2046.
A partir de ahora, la comisión evaluadora tendrá un plazo de 15 días para analizar los antecedentes y garantías que presentaron los oferentes y determinar quiénes quedan habilitados para pasar a la instancia decisiva de apertura de las ofertas económicas.
Ganarán los grupos que ofrezcan desembolsar la suma más alta en dólares para cada una de las usinas en juego.
