El Gobierno nacional presentó un proyecto de ley de Promoción de la Movilidad Sustentable, que fue trabajado por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y puesto a consideración del Consejo Económico y Social (CES).
La iniciativa, anunciada luego de una recorrida por la planta de Toyota, en Zárate, encabezada por el Presidente Alberto Fernández, declara de “interés nacional y estratégico” el diseño, el desarrollo y fabricación de medios de movilidad propulsados por energías alternativas.
Además, tiene por objetivo la reconversión y la utilización de vehículos sustentables, de producción nacional, y plantea una serie de beneficios fiscales para estimular la demanda y promover una fuerte inversión en la industria automotriz.
A tono con otras experiencias que se llevan a cabo en el mundo, y a partir de los compromisos ambientales firmados por el país, la Argentina busca hacer su aporte a la lucha global contra el cambio climático y lograr transformarla en una oportunidad para el desarrollo productivo.
“Se trata de la posibilidad de tomar la delantera en la reconversión del sistema de movilidad, gracias a las ventajas comparativas de nuestro país: abundancia de materias primas (cobre, litio y energías renovables), un tejido autopartista robusto y recursos humanos y técnicos de alto nivel”, señalaron de forma oficial.
[su_note note_color=»#e3e3e3″]En ese contexto, la ley propone una ventana de oportunidad para reposicionar y ampliar capacidades de la industria automotriz argentina en el mundo, promover inversiones por 8.300 millones de dólares, crear más de 20 mil puestos de trabajo calificado y obtener un ahorro acumulado de 10.7 millones de toneladas de CO2.[/su_note]
En concreto, se creará un Régimen que promoverá el diseño, investigación, innovación, desarrollo, producción, comercialización, reconversión y/o utilización de vehículos propulsados por fuentes de potencia no convencionales, estimulando la utilización creciente y sostenida de este tipo de vehículos, en todas sus modalidades: livianos, medianos, pesados, de pasajeros, de carga, la micromovilidad, los experimentales, entre otros. Además, propone al 2041 como fecha límite: desde entonces no se podrán comercializar vehículos con motor de combustión interna nuevos en el territorio nacional.
Para lograr estos objetivos, el texto enviado al Congreso establece un régimen de beneficios durante 20 años, tanto para la demanda (público comprador de vehículos) como para la oferta (terminales, e-autopartistas, fabricantes de baterías y cargadores, etc.).
El financiamiento se realizará a través del Fondo Fiduciario de la Movilidad Sustentable (FODEMS) y las políticas de promoción estarán a cargo de la Agencia Nacional de Movilidad Sustentable, creada a instancias de esta ley, una institución de I+D con programas promocionales específicos, enfocada en la materia.
