El suelo es mucho más que simplemente la tierra donde cultivamos. Es un complejo ambiente que está biológica, química y físicamente equilibrado para posibilitar la producción de alimentos, fibras y energía. En Argentina, ha sido clave su explotación para generar divisas, y sus productos son fundamentales tanto para el mercado interno como para la exportación. Sin embargo, hoy su capacidad productiva está comprometida por políticas públicas erráticas, regulaciones contraproducentes y distorsiones fiscales.
Algunos dirigentes se presentan como “defensores del medio ambiente” con discursos que buscan el aplauso público, pero no aportan a solucionar problemáticas reales. Muchas veces, más por oportunismo político que convicción real, se termina incluso afectando al productor con trabas y restricciones que poco tienen que ver con una conservación verdadera del suelo y más con el hecho de “hacer algo” sin hacer nada realmente. Cuidar el suelo exige compromiso técnico, diálogo y políticas sostenibles, no gestos vacíos ni intervenciones desmedidas.
Una mirada hacia atrás
Antes de la década de 1990 los procesos de erosión hídrica y eólica amenazaban al país. Sin embargo con la llegada de la siembra directa se logró un salto cualitativo en materia de conservación: la posibilidad de implantar cultivos sin labrar el suelo, dejando un estrato protector en la superficie. Este avance técnico fue posible, en gran parte, gracias a la disponibilidad de cultivos transgénicos resistentes a herbicidas, como la soja RR, el maíz con múltiples genes de resistencia a herbicidas, y más recientemente los sorgos resistentes a imidazolinonas, que facilitaron el control de malezas sin labranza.
Pero el modelo comenzó a mostrar problemas, como la aparición de malezas capaces de sobrevivir a la aplicación de agro defensivos que antes las controlaban, la compactación por tránsito excesivo y la necesidad ocasional de labranza mecánica para corregir deficiencias físicas como capas densificadas o sellado superficial, y reintrodujeron el uso de implementos agrícolas en muchos lotes. El sistema de siembra directa sigue siendo superior, pero exige ajustes finos, rotaciones diversificadas y un acompañamiento técnico continuo.
En este contexto, los derechos de exportación (DEX) han jugado un rol corrosivo: este tributo, de naturaleza fiscal, castiga al productor que más invierte y que trabaja en zonas más marginales, alejadas de los grandes puertos. Según Mariano Fava, ingeniero agrónomo, “la soja, en particular, ha sido el cultivo elegido por muchos empresarios rurales en parte por su bajo requerimiento de fertilización. Esta oleaginosa, gracias a su capacidad de asociarse con rizobios para fijar nitrógeno atmosférico y a su acción acidificante de la rizosfera que mejora la disponibilidad de fósforo, permite obtener rendimientos aceptables incluso en suelos con baja fertilidad química”.
Este fenómeno ha llevado a cabo el inicio de una «minería química» del suelo: se extraen nutrientes sin reponerlos después. “El resultado es una caída sostenida en la concentración de fósforo, azufre y otros elementos esenciales, y una preocupante disminución del contenido proteico en los granos, especialmente en la soja. La fertilidad física se ha mantenido en parte gracias a la cobertura permanente y al control de erosión de la siembra directa, pero el balance de nutrientes está claramente en rojo” explica el especialista.
¿Cómo nos afecta en La Pampa?
A nivel provincial y municipal, la situación es crítica: numerosas jurisdicciones avanzan con restricciones cada vez más estrictas al uso de fitosanitarios, sin basarse en evidencia científica sólida ni contemplar las consecuencias agronómicas de dichas medidas. “En muchos casos, las distancias de aplicación exigidas son tan amplias que vuelven inviables áreas enteras. La respuesta técnica de muchos productores frente a estas limitaciones será, inevitablemente, el regreso a la labranza convencional y al laboreo profundo como única herramienta de control. Así, se sacrifica la conservación del suelo en nombre de un ambientalismo mal entendido” explica el Ingeniero Agrónomo.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y otros organismos de reconocido prestigio han demostrado ya con solvencia técnica que el uso de fitosanitarios en las dosis y condiciones correctas no implica riesgos significativos para la salud humana ni para el ambiente. Ignorar esta evidencia implica caer en lo que el economista Thomas Sowell describió con precisión: «es difícil imaginar una forma más peligrosa de tomar decisiones que ponerlas en manos de personas que no pagan ningún precio por equivocarse».
“A esto se suma la imposibilidad legal y administrativa de modificar el uso del suelo en regiones como el caldenal pampeano. En La Pampa, cientos de miles de hectáreas de monte natural de caldén, una especie que está muy lejos de estar en peligro de extinción, permanecen intocables por restricciones que impiden el desarrollo agrícola ordenado. El potencial de estas tierras es enorme: con tecnologías adecuadas, podrían multiplicar por treinta o más su productividad actual, generando empleo de calidad, arraigo territorial y dinamismo económico. Negar esa posibilidad desde una oficina urbana alejada del territorio no sólo es ineficiente, sino también profundamente injusto con quienes viven y trabajan en esas zonas”, agrega el ingeniero agrónomo.
Si la conservación del caldén y especies nativas es prioridad, es importante entender que la expansión agrícola planificada en áreas con aptitud podría acompañarse de reforestación en otras zonas del ecosistema, restaurando corredores biológicos y aumentando la cobertura del monte nativo con especies nobles como el propio caldén. Es decir: la intensificación no implica necesariamente pérdida ambiental ya que con planificación puede ser la base de una restauración ecológica activa.
“La conservación del suelo en Argentina exige decisiones valientes, coherentes y técnicamente fundamentadas. Penalizar la producción eficiente con impuestos distorsivos como los DEX, restringir el uso racional de fitosanitarios y prohibir el desarrollo en zonas aptas para la agricultura no sólo compromete la salud del suelo, sino también la viabilidad económica de las comunidades rurales” explica el experto.
“Preservar el suelo no es volver al arado ni inmovilizar la tierra bajo dogmas ideológicos. Es aplicar inteligencia agronómica, ciencia sólida y una visión productivista sustentable. En tiempos donde las oportunidades globales se abren para quienes pueden garantizar trazabilidad, calidad y responsabilidad ambiental, Argentina debe abrazar un modelo de conservación activa: producir más, cuidar mejor, decidir con información y no con prejuicios”, finaliza el ingeniero agrónomo.
Está en nuestras manos el futuro de nuestra soberanía alimentaria, de nuestras exportaciones y de la salud ecológica de nuestros paisajes y dependemos, más que nunca, de cómo tratamos al suelo. Y hoy el suelo está hablando. Es momento de escucharlo con seriedad técnica y responsabilidad política
