La pesca de langostinos, que iba a iniciar la temporada este 28 de mayo, debió suspenderse por falta de embarcaciones. Crece la tensión en el sector.
La campaña de prospección de langostinos en aguas nacionales, prevista para comenzar el 28 de mayo, fue oficialmente suspendida por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) debido a la escasa inscripción de embarcaciones. Solo dos barcos se presentaron para operar —cuando se requiere un mínimo de cuatro—, lo que impidió cumplir con los requisitos técnicos para evaluar el recurso y habilitar la pesca comercial.
El hecho, inédito desde la implementación del régimen de prospecciones en el Mar Argentino, imprescindible para conocer la situación de la «cosecha» que las empresas deben afrontar, deja en evidencia la profundización de un conflicto entre el sector, los gremios y el Estado, que impacta directamente en la cadena productiva y laboral de los puertos de la Patagonia.
Las exportaciones que provienen de la pesca son las que más divisas generan entre todas las economías regionales, siendo la única que supera los 2.000 millones de dólares. A su vez, el langostino es la especie que más aporta a esa cifra, con un promedio que ronda el 50 % de los ingresos que percibe el sector.
Caída de los precios internacionales y aumento de costos, dos problemas que paralizan la actividad
Las empresas agrupadas en las Cámaras de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca) y Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip), argumentan que el precio de la tonelada de langostino pasó de un techo de 12.000 dólares hace más de diez años a los 5.500 dólares de ahora y proponen reducir en un 30 % los ítems “de producción”, que conforman el grueso de los ingresos de los trabajadores de la pesca. Los sindicatos de marineros, maquinistas y conductores se oponen, en particular la marinería agrupada en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), del que proviene el grueso de la dotación de un buque pesquero.
No ha habido acuerdo siquiera sobre los básicos de convenio, la parte fija, aunque menor, del ingreso de los trabajadores del sector, al cabo de una conciliación que venció el sábado pasado. El mismo día, además, la secretaría de Pesca de la Nación confirmó la suspensión de la campaña de prospección. Sin prospección, dicen los técnicos del Inidep, es imposible evaluar la “biomasa disponible”, lo que compromete cualquier decisión sobre la pesquería más importante del país.
A su vez, para cubrir los costos productivos, los empresarios deben invertir unos 250.000 dólares entre combustible, premios por productividad a los trabajadores, y otras eventualidades que acontecen mientras el buque se encuentra en altamar. A raíz de esto es que desde el sector pretenden reducir el gasto salarial, a lo que los sindicatos se oponen.
La semana próxima, se espera que se realicen una serie de encuentros formales en la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con las representaciones gremiales y las cámaras empresarias, en un intento por delinear un modelo de consenso que logre conciliar las legítimas aspiraciones de ambas partes. Mientras tanto, las provincias patagónicas están expectantes a la normalización de la situación, que pone el riesgo uno de sus principales sustentos económicos.
