Con el objetivo de combatir la corrupción y promover acciones tendientes a la consolidación y fortalecimiento institucional, se llevó a cabo la firma de un convenio entre el Gobierno provincial y los presidentes de los consorcios portuarios bonaerenses, una medida inédita que reafirma el compromiso de integridad en la función pública.
El acto se realizó en las oficinas del Ministerio de Producción bonaerense, en La Plata, y contó con la presencia del ministro de Producción, Javier Tizado; el Director Ejecutivo de la Oficina de Fortalecimiento Institucional, Luis María Ferella; y los representantes de los puertos de Bahía Blanca (Miguel Ángel Donadío), Dock Sud (Alejandro Semmartin), La Plata (José María Dodds), Mar del Plata (Martín Merlini), Quequén (Arturo Rojas) y San Pedro (Marcos Eliseo Almada). En tanto, el consorcio del puerto de San Nicolás suscribirá el respectivo acuerdo cuando se lleve a cabo la designación de su presidente, como así también lo hará el puerto de Coronel Rosales, una vez finalizado su proceso de conversión a Consorcio.
“Lo que buscamos con esta medida es lograr que en los Consorcios se impulsen procedimientos internos para promover la probidad y, de esta forma, impedir posibles prácticas reprochables en las operaciones de los mismos”, remarcó Tizado.
[su_note note_color=»#e3e3e3″]Con la firma del convenio, y en el marco del Programa de Integridad en Empresas del Estado de la provincia de Buenos Aires, los presidentes de los consorcios asumirán el compromiso de transparencia presentando declaraciones juradas, llevando un registro de socios comerciales y proveedores, fomentando a los empleados a reportar situaciones contrarias a la ética pública o de hechos de corrupción y habilitando mecanismos de denuncias pertinentes.[/su_note]
Además, deberán designar un Oficial de Cumplimiento Estatal (OCE), posibilitar el acceso irrestricto a toda la información requerida por éste en cumplimiento de sus funciones, proveer al mismo de los medios y recursos para el desempeño de sus deberes en relación al tamaño y capacidad económica de la organización. Asimismo, comunicarán al resto del directorio quién será designado como OCE, que velará por el correcto desenvolvimiento del plan y actuará como enlace entre el directorio y la Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI).
A ese respecto, el titular de la cartera de Producción bonaerense manifestó que “este acuerdo se enmarca dentro de las políticas de control y transparencia en las empresas y organismos públicos impulsadas por la Gobernadora María Eugenia Vidal, para garantizar el correcto uso en el manejo de los recursos públicos de todos los Bonaerenses”.
En tanto, Ferella sostuvo que “esta es una medida ejemplar. Los puertos siempre fueron mirados como un área crítica de la provincia y esta es una firma decisión. Acompañamos esta política con un programa de integridad desarrollado para cada uno de los consorcios portuarios. Vamos a ir construyendo conjuntamente programas de integridad para cada uno de los puertos y a seguir de cerca el programa, los avances y el acompañamiento que necesiten”.
Por último, la OFI prestará la asistencia técnica requerida para la elaboración de una evaluación de riesgo/ diagnóstico a fin de determinar aquellas debilidades operacionales o procedimentales que favorecen la existencia y reproducción de prácticas ineficientes o contrarias a la ética pública.
¿Cómo funciona un consorcio?
El consorcio portuario es un ente público no estatal que tiene la finalidad de administrar y explotar el puerto; es un ente legal con un modelo de gestión pública acorde a la dinámica portuaria. Este nuevo modelo permite la planificación y la previsibilidad de la operación portuaria, punto principal para el desarrollo y la mejora de la competitividad.
Entre los mecanismos de control que posee tras su conformación, se destacan el que lleva a cabo la Contaduría General de la Provincia, que puede requerir la información que sea necesaria para el cumplimiento de sus funciones; y la confección por parte del Directorio de un informe semestral escrito sobre la gestión social -incluyendo la información relevada por la Auditoría- que es luego remitido a los Organismos de Asesoramiento y Control.
