Las tarifas de los servicios públicos y su peso en la economía familiar se multiplicó entre los habitantes de todo el AMBA desde la asunción de Javier Milei.
En los dos años que lleva Javier Milei al mando del Gobierno Nacional, el gasto que las familias del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dirigen al pago de servicios públicos tuvo un aumento del 561 %. El fuerte ajuste de las tarifas, impulsado por la quita de subsidios, superó ampliamente a la inflación y anticipa nuevos incrementos para 2026.
Los datos surgen de un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), que advierte que el aumento del gasto en servicios públicos fue tres veces mayor que el del nivel general de los precios.
En el Área Metropolitana vive el 35% de la población argentina y, según el trabajo, la canasta que incluye electricidad, gas, agua potable y transporte acumuló un alza del 561% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, frente a una inflación del 185% en el mismo período.
El ajuste, sin embargo, no fue uniforme a lo largo del período. El mayor impacto se concentró en 2024, cuando el Gobierno avanzó con una fuerte recomposición tarifaria y una reducción significativa de los subsidios económicos para corregir los atrasos acumulados durante la última gestión kirchnerista. En 2025, en cambio, las subas perdieron intensidad y se movieron en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en un contexto atravesado por el año electoral.
Ese reordenamiento de precios relativos coincidió con una desaceleración marcada de la inflación: tras haber alcanzado el 211,4% en 2023 y el 117,8% en 2024, el IPC cerraría 2025 en torno al 30%, según estimaciones privadas. La normalización de las tarifas es uno de los factores que el propio presidente suele mencionar para explicar la baja del índice general. De acuerdo con la consultora Econviews, los rubros del INDEC vinculados a servicios públicos, combustibles y salud privada recuperaron durante el actual mandato gran parte del atraso acumulado y se acercaron a los niveles previos al congelamiento aplicado en 2018.
El transporte presiona sobre las cuentas familiares
En diciembre de 2025, un hogar promedio del AMBA sin subsidios destinó $183.410 mensuales para cubrir transporte, luz, gas y agua potable. Ese monto implicó un aumento interanual del 31%, en línea con la inflación estimada y representó el 11,1% del salario promedio registrado.
Al desagregar el incremento acumulado desde diciembre de 2023, el transporte público aparece como el principal factor de presión sobre el presupuesto familiar. El boleto de colectivos subió 937% en 2 años, seguido por el gas natural (+709%), el agua (+386%) y la electricidad (+339%). El transporte explicó la mayor parte del salto del gasto mensual total.
Durante 2025, la dinámica fue distinta. El transporte volvió a liderar las subas, con un aumento interanual del 48%, mientras que el gas (+28%), la electricidad (+19%) y el agua (+13%) crecieron por debajo de la inflación. En conjunto, el transporte explicó 19 de los 31 puntos porcentuales del incremento interanual de la canasta de servicios públicos.
Qué se espera en el 2026
La evolución del gasto de las familias estuvo directamente vinculada con la política de reducción de subsidios, uno de los pilares del programa de superávit fiscal del Gobierno. Se trata de una de las partidas más relevantes del gasto público y su recorte coincidió con una mejora del frente externo energético, impulsada por el crecimiento de las exportaciones de petróleo y la caída de las importaciones de gas gracias a Vaca Muerta.
En el Gobierno reconocen que la tendencia se mantendrá y en algunos momentos de 2026 las facturas de luz y gas mostrarán subas de dos dígitos. A eso se sumará el esquema de incrementos mensuales en los boletos de colectivos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, que combinará la inflación con un adicional del 2%, con el objetivo de recomponer los ingresos de las empresas del sector.
