Busca dinamizar la concreción de proyectos y obras en todos los sectores productivos y de servicios con el aporte de capitales locales y externos. Hay rubros como el minero que lo avalan y otros como el metalúrgico que se oponen.
Tras modificar el borrado original que había despertado críticas desde todos los frentes políticos, económicos y sociales, el gobierno de Javier Milei incluyó en el nuevo y acotado proyecto de Ley Ómnibus una versión más amplia y recargada del «Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones» (RIGI), con el cual busca dinamizar la concreción de proyectos y obras en todos los sectores productivos y de servicios con el aporte de capitales locales y externos.
El RIGI, que quedó plasmado en 64 artículos de los 279 que tiene el proyecto de ley enviado al Congreso, contempla un amplio menú de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios junto con una serie de medidas que redoblan la garantía estatal de los incentivos con fuertes sanciones para los funcionarios que «incurran en incumplimientos injustificados de los plazos o términos establecidos» en el nuevo esquema.
A diferencia de la primera versión que especificaba el alcance a «los sectores de Agroindustria, Infraestructura, Forestal, Minería, Gas y Petróleo, Energía y Tecnología»; el texto del nuevo RIGI establece que será «aplicable a las grandes inversiones en proyectos de cualquier sector».
Para la administración mileísta, los proyectos de grandes inversiones «deberán ser de interés nacional y resultar útiles y conducentes para la prosperidad del país, el adelanto y bienestar de todas las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios. Y, cualquier norma o vía de hecho, nacional o local que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe los proyectos aprobados será nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia deberá en forma inmediata, impedir su aplicación».
Entre otros «objetivos prioritarios», el RIGI apunta a desarrollar y fortalecer la competitividad de diversos sectores económicos, incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios, favorecer la creación de empleo y lograr un desarrollo coordinado de las competencias entre el Estado Nacional, las provincias y las respectivas autoridades de aplicación en materia de recursos naturales.
De acuerdo con la letra chica del nuevo esquema, podrán acceder al RIGI los proyectos de adquisición, producción, construcción y/o desarrollo de activos que involucren un monto de inversión igual o superior a 200 millones de dólares.
Además, prevé que «los proyectos que puedan resultar en el posicionamiento de la República Argentina como nuevo proveedor de largo plazo en mercados globales y que involucren desembolsos de capital igual o superior a 1.000 millones millones podrán ser calificados como de ´Exportación Estratégica de Largo Plazo´ y gozarán de mayores beneficios y garantías».
Entre los muchos beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para grandes inversiones, el Estado Nacional se compromete a garantizarles a las empresas adheridas al RIGI cinco condiciones claves:
- La plena disponibilidad de lo producido sin obligación de comercialización en el mercado local y sin ningún tipo de restricción o traba para la exportación.
- La plena disponibilidad de sus activos e inversiones, que no serán objeto de actos confiscatorios o expropiatorios de hecho o de derecho por parte de ninguna autoridad argentina.
- El derecho a la operación continuada del proyecto sin interrupciones, salvo que medie orden judicial.
- El derecho a pagar utilidades, dividendos e intereses mediante acceso al mercado de cambios sin restricciones de ninguna clase y sin necesidad de conformidad oficial en la medida que la inversión haya ingresado a través del Mercado Único y Libre de Cambios.
- El acceso irrestricto a la Justicia y demás remedios legales disponibles para la defensa y protección de sus derechos relacionados con el proyecto de inversión aprobado.
