Dan conocer el modelo de contratación de los primeros 6 proyectos PPP para modernizar más de 7.000 km de rutas

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Está disponible online el detalle de los contratos para los proyectos que forman parte de la nueva Red de Autopistas y Rutas Seguras. Se trata de la primera iniciativa que llevará adelante el Gobierno nacional a través del sistema de Participación Público Privada (PPP) y que comprenderá una inversión de más de 16.700 millones de dólares para obras de modernización y seguridad en más de 7.000 kilómetros de rutas nacionales.

El ministerio de Finanzas y el ministerio de Transporte, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, hicieron público –ver abajo enlace a sitios web- el documento que detalla el modelo de contrato y de financiación para la construcción de más de 7.000 kilómetros de rutas. Se trata del resumen ejecutivo de los pre-pliegos para conformar la nueva Red de Autopistas y Rutas Seguras del país a través del marco de Participación Público-Privada (PPP).

La Red de Autopistas y Rutas Seguras es la primera aplicación del esquema de financiación de las obras de infraestructura que impulsa el Gobierno, mediante la colaboración del Estado y del sector privado en un marco de transparencia, agilidad y reglas claras.

El documento, que actúa como anteproyecto a la publicación de los pliegos definitivos, ha sido elaborado conjuntamente por la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y la Subsecretaría de Participación Público Privada del Ministerio de Finanzas. En él se ofrecen detalles sobre los compromisos a los que se obligan el Estado y el contratista para la construcción, operación y mantenimiento de las obras. Describe los requisitos de precalificación y los criterios de adjudicación. En el programa PPP es el inversor privado quien debe conseguir el financiamiento, con lo que necesita un alto nivel de información de parte del Estado. La publicación facilita a los interesados el conocimiento de los prepliegos y borradores de contrato.

El resumen publicado, por ejemplo, concreta aspectos como el pago a los contratistas y la remuneración de las inversiones; en qué plazos se deben ejecutar las obras; qué inversiones se remuneran en pesos y cuáles se repagan en dólares; la protección ante la variación del tipo de cambio, tanto a favor del Estado como del privado según corresponda; y las diferentes garantías que deberán integrar los inversores durante la vida del contrato, entre otras cuestiones.

Destaca el plazo promedio de 4 años para la ejecución de las obras principales, el repago al privado con frecuencia trimestral, con período de gracia, y sujeto al otorgamiento de certificados luego de alcanzar hitos de avance de obras; también establece un plazo de 6 a 12 meses del que dispondrá el contratista para encontrar financiación con una o varias entidades. Asimismo, el documento detalla los mecanismos para canalizar la recaudación de las diferentes fuentes de fondeo para afrontar todos los pagos a los inversores privados y que será a través de fideicomisos, como por ejemplo el SISVIAL fondeado con la recaudación de impuesto al gasoil. Una novedad interesante del proceso es la creación de paneles técnicos para dirimir conflictos antes de recurrir a otras instancias.

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